De acuerdo con un oficio que la PGR remitió el 13 de enero pasado a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), la indagatoria está radicada en la Unidad Especializada de Investigación de Delitos contra la Salud.
Según los documentos oficiales, de los que el periódico Reforma tiene copia, la averiguación previa es la PGR/SIEDO/UEIDCS/ 012/2009 y fue abierta en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
La pesquisa en la que están mencionados los ex gobernadores data de enero de 2009 y se inició días después de la captura en la Ciudad de México de Miguel Ángel Soto Parra, uno de los miembros fundadores de Los Zetas, quien, como agente de la extinta Policía Judicial Federal comisionado en Tamaulipas entre 1998 y 1999, le dio protección al entonces líder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén.
Según la nota del periódico Reforma, en los oficios de la PGR queda claro que lo que el agente del Ministerio Público David Juárez Mora solicita al titular de la DGAC, Héctor González Weeks, que le informe con carácter de urgente y confidencial si los ex mandatarios, quienes estuvieron al frente del gobierno de 1993 a 2010, así como sus familiares, realizaron viajes de entrada y salida del país y, de ser el caso, qué personas los acompañaron en los vuelos.
En ningún caso la Procuraduría solicita que se impida la salida de México de las personas señaladas en el oficio.
"Solicito gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que se sirva informar, con el carácter de urgente y confidencial, si en sus registros cuentan con antecedentes de entrada y salida a nuestro país, de las siguientes personas, e informe de quiénes se acompañaban en sus respectivos vuelos", especifica el MP.
No obstante, el comandante del aeropuerto de esta ciudad, Jaime Carranza Sustaita, emitió una "alerta migratoria" contra los ex gobernadores tamaulipecos para evitar incluso que pudieran salir de México.
La PGR emitió un comunicado que aclara que no se había solicitado la restricción de movilidad de los políticos priistas.
En su boletín, la dependencia señala que la medida restrictiva fue un error del comandante Jaime Carranza Sustaita.
"Dicho servidor público se extralimitó en sus funciones, por lo que la SCT ha procedido de manera inmediata a separarlo de su cargo", indica la PGR.
La SCT confirmó el cese de dos de sus funcionarios: Jaime Carranza y David Cortés Villar, del Departamento de Inspección de la Dirección General de Aeronáutica Civil.
PRI rechaza cualquier intento de persecución política
El Partido Revolucionario Institucional manifestó su rechazo a cualquier intento de persecución política y uso partidista de la procuración de justicia en contra de adversarios políticos y advirtió que en una democracia, “estas conductas son inadmisibles”.
En una nota del periódico El Universal, el líder nacional del tricolor, Pedro Joaquín Coldwell, asentó: “En una democracia, no se puede fingir que se impone la ley, violando la ley. Basta ya de usar los instrumentos de la justicia con fines electorales”.
Sin hacer referencia a la investigación que realiza la PGR sobre los ex gobernadores de Tamaulipas, Manuel Cavazos, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, el dirigente indicó que las imputaciones falsas enrarecen el clima electoral y minan la confianza de los mexicanos en sus instituciones.
El PRI difundió un comunicado y luego un audio donde el presidente tricolor da lectura a ese boletín en el cual se establece que el partido no defenderá a nadie que haya cometido un delito, pero “tampoco acepta el manejo faccioso de la justicia”.
Joaquín Coldwell asentó que la difamación y la filtración mal intencionada de posibles investigaciones, son ilegales y corresponden a prácticas de un gobierno autoritario.
Dijo que además, en ese contexto se inscribe también la imputación “dolosa y temeraria” de que los recursos asegurados al gobierno de Veracruz iban destinados para apoyar campañas del PRI.
“Esto es absolutamente falso. Exigimos a quienes acusan que presenten las pruebas respectivas. Nos reservamos el derecho de recurrir a instancias legales”.
FUENTE: http://www.e-consulta.com
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